¿Habrá jefe de Gabinete?
Francisco Rodríguez viernes 23, Sep 2011Índice político
Francisco Rodríguez
Hoy más que nunca es indispensable revisar e impulsar la iniciativa de reforma política presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones que, como puntos torales, establece acotar el sistema presidencialista y obligar al Ejecutivo federal a que los nombramientos de su gabinete sean sometidos a la valoración y aprobación de la Cámara alta.
De lograrse esta aprobación, pendiente en la Cámara de Diputados, ya no veríamos situaciones que tanto han agraviado a los mexicanos y que desgraciadamente continuarán por los próximos 14 meses… como hasta ahora ha ocurrido con las designaciones de Felipe Calderón para favorecer a sus cuates, amigos y compañeros de todo tipo de aventuras, pero a todas luces incapaces de desempeñar los cargos de alta responsabilidad pública.
Gabinete, el del señor Calderón, “lleno de ninis que ni pueden ni saben cómo gobernar al país”, definió el dirigente nacional priísta, Humberto Moreira, ante los más recientes cambios de colaboradores del ocupante de Los Pinos. “Sin novedad; es la misma gente”, consideró Andrés Manuel López Obrador ante el mismo evento.
De por sí limitado, el michoacano también ha fracasado en la conformación de un equipo eficiente de colaboradores… lo que restringe todavía más su capacidad de operación política. Él mismo se ha encerrado, con graves consecuencias para todo el país.
Lo peor, empero, es que como este escribidor publicó el más reciente 8 de agosto, varios de esos cuates y amigochos de Calderón buscarán el fuero federal para desde ahí evadir la acción de la justicia durante los próximos años por las tropelías cometidas, entre las cuales la inacción y la incapacidad son pecata minuta.
Un caso sobresaliente es el del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, quien por instrucciones de su jefe ha protegido actos de corrupción -baste citar el monumental saqueo al ISSSTE perpetrado por Miguel Ángel Yunes y Jesús Villalobos, el infanticido ocurrido en junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y en la que no se actuó en contra de un “distinguido panista”, Juan Molinar ni en contra de familiares de Margarita Zavala, propietarios del establecimiento.
Y ahora con respecto al fatídico Casino Royale regiomontano, apenas el pasado 15 de septiembre, por instrucciones de Vega, el director general de Auditoría Gubernamental de la SFP, Max Káiser Aranda, declaró que no se podría investigar ni sancionar a Juan Iván Peña Neder, en virtud de que su falta no era grave y ya habría prescrito.
¿Qué pensarán los familiares de las 52 personas que fallecieron por el incendio ocurrido en el antro de Monterrey? ¿Y qué piensa usted, amable lector? Que una omisión que costó 52 vidas ¿no es grave?
Una más de Salvador Vega y de su jefe que así protegen a Juan Iván Peña, para que no involucre a personajes cercanos al presidente, tales como Francisco Ramírez Acuña, Fernando Gómez Mont, Julio Esponda, et al… Y esto sólo por citar algunos que fueron los verdaderos beneficiados por el otorgamiento de permisos irregulares para la instalación de casinos que, como hongos, se han reproducido en todo el país durante este gobierno.
Tampoco es raro que el pasado 16 de septiembre el director de Fiscalización del ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato -por cierto, panista-, César del Ángel Acosta, haya declarado que las instalaciones en las que próximamente operará un casino de Juan Iván Peña Neder, “están en orden”.
Da lo mismo si más adelante ocurre una tragedia, aunque ésta cueste vidas, pues algún personaje nos dirá que no hay a quien enjuiciar ya porque “la falta es menor”, porque “ya prescribió” o por lo que usted guste y mande.Y es que, como usted ya leyó aquí, no sólo desde Gobernación se ha protegido y encubierto la actividad irregular de los casinos, también la SHCP ha beneficiado estas mafias.
Una prueba es que en la iniciativa de ley de ingresos 2010 se estableció como impuesto al juego con apuestas y sorteos un monto de $2 mil 537 millones de pesos y para 2011 esta cifra fue de $2 mil 488 millones de pesos, cantidad inferior a la del 2010. Esto es inexplicable si tomamos en cuenta que en 2011 funcionan más centros de apuesta y los ingresos de éstos, por ende, han sido mayores que en 2010. Por algo, el líder del PRI, Humberto Moreira, acusa al ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de protector de casinos.
Por algo, Fernando Larrazábal se pasó por el arco del triunfo a Gustavo Madero y compañía… Porque la corrupción a través de los casinos está mucho más arriba del plano municipal, ¿o no?